Este lunes se retomaron las negociaciones entre los representantes de Aerolíneas Argentinas y los gremios aeronáuticos, tras una semana marcada por los paros sorpresivos y la decisión del Gobierno de desregular el servicio de rampas. Durante la reunión, que empezó pasadas las 14, se discute un aumento salarial que, según los sindicatos, acumula un atraso cercano al 90% en comparación a diciembre de 2023.

Los encuentros son de forma individual con cada sindicato, por lo que se espera que se extienda durante varias horas.

El último encuentro entre ambas partes fue el viernes, donde se acordó reanudar las conversaciones si los gremios se comprometían a no realizar medidas de fuerza durante la mesa de diálogo. Los sindicatos involucrados son la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

En este contexto, el Gobierno sostiene que podría ofrecerle a los sindicatos un aumento salarial mayor al 14% si aceptan modificaciones en el convenio colectivo de trabajo. Para que sea más rentable la empresa, frente a una posible privatización, el Ejecutivo quiere eliminar el punto que le permite a los empleados usar remises y tener pasajes por vacaciones y períodos festivos.

Además, la gestión de Javier Milei les dio a los gremios la semana pasada un ultimátum frente a las reiteradas medidas de fuerza. Según dijeron fuentes oficiales, si los sindicatos no presentan un plan de trabajo para poder resolver los conflictos sin que afecten a la aerolínea, se avanzará con un Plan Preventivo de Crisis, que podría desencadenar en el cierre de la compañía.

En la misma línea, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó que “el Gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para que los pasajeros no sean rehenes”.

El pasado miércoles y jueves creció el conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos luego de un paro sorpresivo de Intercargo, que dejó a personas encerradas en los aviones y a otras sin posibilidad de obtener su equipaje.

La respuesta del oficialismo fue despedir a un empleado el miércoles y a otros 15 trabajadores el jueves, que prestaban servicios en Intercargo, dedicada al servicio de rampas en los aeropuertos. Además, el Ejecutivo anunció la desregulación de la tarea, por lo que habilitó el ingreso de otras empresas para operar esa tarea.